Detenido Un Joven Por Vender Anabolizantes En El Centro De Madrid

Argumenta, en sustancia, la recurrente que, en particular, con relación a la diligencia de entrada y registro llevada a término en el trastero sito en la CALLE000 NUM011, EDIFICIO000, que, según admite, venían utilizando el propio Carlos Antonio y el también acusado Juan Carlos, evidencia que la misma fue practicada “al margen de las formalidades y requisitos legalmente establecidos”, centrando sus quejas en la inobservancia de lo previsto en el artículo 569 de la ley procesal, al haberse llevado a cabo el mismo sin la presencia de la persona con relación a la cual se acordó la injerencia, en este caso del recurrente Carlos Antonio. Partiendo de que el mismo se encontraba detenido en el momento de realizarse la mencionada entrada y registro, destaca quien ahora recurre que uno de los agentes de policía que participaron en ella observó en el acto del juicio oral que el detenido no tuvo intervención en la misma, ya que permaneció en el exterior, junto al vehículo policial, debidamente custodiado. Destaca también el recurrente que en el acta extendida por el Letrado de la Administración de Justicia se consigna erróneamente la presencia en dicha diligencia de entrada y registro de un agente de policía, refiriéndose por su número de identificación a cinco de ellos ( NUM019, NUM020, NUM021, NUM022 y NUM023), cuando lo cierto es que, en el apartado reservado a las firmas, el acta aparece también suscrita por el agente NUM024, quien no consta presente en la práctica de la diligencia, mientras que, sin embargo, no consta la firma del agente NUM020 que aparece en el encabezamiento como presente. A su vez, destaca el recurrente que el acusado sostiene que no estuvo presente durante el desarrollo de la diligencia de entrada y registro, por más que en el acta que documenta la misma sí aparezca su firma, ausencia que, al parecer del recurrente, vendría corroborada por la declaración testifical del agente de policía número NUM025 durante las sesiones del plenario quien, al ser preguntado por su intervención en la práctica de la entrada y registro, “afirmó haber permanecido fuera en un vehículo policial en custodia de Carlos Antonio”. Niega, incluso, el acusado que llegara a firmar el acta pese a que la misma aparece formalmente suscrita por él, insistiendo en que trató de aportar en la tercera de las sesiones del juicio oral un informe caligráfico de parte en el que vendría a acreditarse la falta de correspondencia entre la firma que se le atribuye en el acta de entrada y registro y la que verdaderamente le es propia.

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Como hitos relevantes para la resolución de este motivo de queja, destaca la recurrente que los hechos enjuiciados fueron cometidos en el año 2013 sin que, sin embargo, la celebración del plenario tuviese lugar hasta el mes de mayo de 2018. Entiende, además, quien ahora recurre que este período de tiempo no resulta “justificable” en atención a la complejidad de la investigación o de los hechos objeto de enjuiciamiento ni tampoco puede atribuirse a la pasividad o, en common Fertigyn (Pregnyl) HCG precio en anabolizantes-esteroides.com, a la propia conducta del acusado. Más en concreto, el recurrente señala que el día 18 de octubre de 2013 fueron incoadas las correspondientes diligencias previas; sin que hasta el día four de marzo de 2.016 fuera dictado el correspondiente auto de acomodación de las actuaciones a las normas previstas para el procedimiento penal abreviado. El día 30 de mayo de 2016 se dictó auto de apertura de juicio oral, sin que las actuaciones fueron remitidas al órgano competente para el enjuiciamiento hasta el siguiente día 16 de agosto de 2017, no habiéndose practicado en tal dilatado plazo más actuaciones que las propias de la presentación de los correspondientes escritos de acusación y defensas. Recibidos los autos por la Audiencia Provincial mediante diligencia de ordenación de 27 de septiembre de 2017, procedió a señalarse fecha para que tuviera lugar la celebración del correspondiente juicio oral, los siguientes días 14 y siguientes del mes de mayo de 2.018, siendo dictada la sentencia el sixteen de octubre de ese mismo año. La resolución que es ahora objeto de recurso desestima, sin embargo, la aplicación de la circunstancia atenuante invocada, explicando sus razones en el fundamento jurídico decimonoveno.

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Concluye, por tanto, el Tribunal de primer grado que dicha renuncia se efectuó con abuso de derecho, rechazando la misma en aplicación de lo previsto en el artículo eleven.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por entender que dicha renuncia no tenía otra finalidad que la deliberada provocación de la suspensión del juicio oral. Ciertamente, podría aceptarse sin dificultad que la sola circunstancia de que el acusado hubiera sido visto portando una mochila de colour negro en las inmediaciones del trastero-garaje, donde posteriormente fue hallada la sustancia referida en el relato de hechos probados en el interior de la mencionada mochila, no se alcanzaría, indudablemente, para permitir sustentar un preciso y razonable juicio de inferencia respecto a que lo encontrado entonces en el inside de dicha mochila fuera lo mismo que ésta contenía al tiempo de ser portada por Juan Carlos o, aunque lo fuera, que éste pudiese tener conocimiento cumplido y cabal de dicho contenido. Sin embargo, basta la simple lectura del fundamento jurídico octavo de la resolución que aquí se impugna, para comprender que los elementos probatorios ponderados por el órgano jurisdiccional de primer grado no han sido, naturalmente, sólo éstos. Se precisa, en primer lugar, que tras una conversación telefónica previa en la que así lo convinieron, el día thirteen de noviembre de 2013, el ahora recurrente esperó a Carlos Antonio en el portal de su casa, y se subió después al vehículo que éste pilotaba, desplazándose juntos hasta la calle DIRECCION001 número NUM009 y entraron en el garaje tras hacer uso del mando a distancia que franqueaba la puerta. Aproximadamente treinta minutos después, los agentes que componían el dispositivo de vigilancia observaron cómo Juan Carlos esperaba la llegada de un taxi, subiendo al mismo y desplazándose en él hasta la calle médico José Pérez Mateo número three de la misma localidad. Una vez allí, se sentó el acusado en las inmediaciones, en actitud de espera, y portando la mochila negra en su mano izquierda, hasta que llegó al lugar Carlos Antonio.

Esta compulsión que busca salida a través de la comisión de diversos hechos delictivos, es la que merece la atención del Legislador y de los Tribunales, valorando minuciosamente las circunstancias concurrentes en el autor y en el hecho punible. En definitiva, no existe ninguna razón de peso que pueda identificarse aquí para poner en cuestión la regularidad de la cadena de custodia ni, en fin, para considerar que las sustancias analizadas pudieran ser, ni total ni parcialmente, distintas de las intervenidas. Que David se opuso a su detención, forcejeando con los agentes de la autoridad, causando lesiones al agente del CNP con carnet nº NUM016, lesiones que tardaron en curar 21 días sin incapacidad. Por todo ello, este joven fue imputado por un delito contra la salud pública y le requisaron los 400 euros que llevaban repartido en billetes de 20 euros, por lo que se sospecha que vendía a demanda este tipo de pastillas.

• Pero a través de las líneas telefónicas, ordinariamente, también circulan datos relacionados con las esferas privadas de las personas, e incluso, relativas a los reductos más íntimos de su privacidad.
• Argumenta el recurrente que no asistió, en consecuencia, la razón a la Audiencia Provincial cuando resolvió rechazar dichas renuncias, ordenando al Letrado continuar en la sala, aduciendo que la mencionada renuncia había sido efectuada cuando ya no resultaba factible sustituir al director técnico de la defensa, de tal modo que la decisión provocaba indefectiblemente la suspensión del juicio, de explicit complejidad y al que se hallaban ya citados, además naturalmente de los nueve acusados, cuarenta y cuatro testigos, intérpretes y peritos.
• Droga, esa misma, que posteriormente fue trasladada hasta el trastero-garaje de la CALLE000, donde definitivamente resultó hallada, conforme igualmente se explica con detalle en la resolución impugnada, por el propio Carlos Antonio y Juan Carlos.
• Creemos entender que lo que el recurrente denuncia es que no le fueron admitidos determinados medios probatorios orientados a determinar la naturaleza de la mencionada sustancia, — contrapericia–, o a acreditar la influencia en la conducta del acusado de la invocada adicción, para lo cual hubiera de haber orientado su recurso sobre la base del motivo previsto en el artículo 850.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, explicando, cuando menos, los motivos por los cuales consideraba que dichas diligencias de prueba habían sido propuestas en tiempo y forma y el motivo por el cual le habían sido denegadas de manera indebida.
• El día 30 de mayo de 2016 se dictó auto de apertura de juicio oral, sin que las actuaciones fueron remitidas al órgano competente para el enjuiciamiento hasta el siguiente día sixteen de agosto de 2017, no habiéndose practicado en tal dilatado plazo más actuaciones que las propias de la presentación de los correspondientes escritos de acusación y defensas.
• En este sentido, el fundamento jurídico noveno de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, explica cumplidamente que la prueba que vincula a Luis Antonio con la sustancia intervenida en el trastero-garaje (1162,18 g de anfetaminas) viene constituida, fundamentalmente, por el resultado de las intervenciones telefónicas practicadas y por las actuaciones de vigilancia y seguimiento efectuadas por los agentes de la Policía Nacional que depusieron como testigos en el acto del juicio oral.

La jurisprudencia de esta Sala ha establecido desde hace muchos años que “la estimación en conciencia no debe entenderse o hacerse equivalente a un cerrado e inabordable criterio private e íntimo del juzgador, sino a una apreciación lógica de la prueba, no exenta de directrices o pautas de rango objetivo” ( STS 29 de enero de 1988). Y también venimos afirmando que el principio de libre valoración probatoria corresponde al juez o tribunal de instancia de forma que debe comparar, valorar, dar más o menos crédito a cada prueba y decidir. En esta actividad entra en juego el principio “in dubio pro reo”, según el cual procede la absolución si no se llega al convencimiento de culpabilidad más allá de toda duda razonable.